De nuevo el palacio de Buckingham ha salido al paso de las últimas informaciones sobre la reina Isabel II que apuntaban a que habría utilizado su influencia para ocultar la realidad de sus finanzas. La residencia oficial de la Familia Real británica ha negado que la Monarca presionara al Gobierno en los años setenta para evitar hacer públicos los detalles de su fortuna personal. Esto es lo que señalaba el diario The Guardian, que informaba de que el abogado privado de Isabel II habría tratado con el Gobierno del conservador Edward Heath para alterar una proposición de ley con el fin de evitar que se conociera el alcance de su fortuna. Después de la intervención de la Reina se habría introducido una cláusula que podría ser utilizada para eludir las normas de transparencia vigentes.
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Estas revelaciones las incluía el diario como parte de una amplia investigación sobre el uso del llamado "consentimiento de la Reina”, un instrumento parlamentario que puede utilizar la jefa de Estado cuando se debaten proyectos de ley que pueden afectar a los intereses de la Corona británica. Se trata de un procedimiento distinto de la llamada “sanción real” pues esta se aplica cuando la Reina da el visto bueno a una ley ya aprobada por el parlamento, mientras que el “consentimiento” se aplica antes de que la ley llegue a la cámara (requiere que los ministros pongan en conocimiento de la Reina aquellas normas que podrían afectar a la Corona).
Buckingham asegura que el consentimiento es "un procedimiento parlamentario" y que la función de "la Soberana es siempre formal. “El consentimiento siempre es concedido por el monarca cuando es solicitado por el Gobierno. Cualquier afirmación de que la Soberana ha bloqueado una legislación es simplemente incorrecto. Sobre si el consentimiento de la Reina es requerido es (algo) decidido por el Parlamento, independientemente de la Casa Real, en cuestiones que afectarían a los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal e intereses personales del monarca", añade.
Los documentos gubernamentales en los que el diario basa su información están en los Archivos Nacionales y datan de 1973. El diario The Guardian sugiere que el acceso que tuvo la Reina al borrador de ley le permitió influir en la redacción definitiva de la misma para obtener esta ventaja. Según detalla además el periódico, la Reina y el príncipe Carlos han tenido acceso a más de mil borradores de leyes antes de que estas se voten en el parlamento.
Una fortuna de más de 390 millones de euros
En la lista de personas más ricas del Reino Unido que publicó el año pasado The Sunday Times, la fortuna personal de Isabel II está estimada en unos 350 millones de libras (395 millones de euros). La revista Forbes cifra la fortuna de la Monarquía británica en unos 88 billones de libras (más de 100 mil millones de euros). La financiación de la Familia Real procede de los contribuyentes y del Estado. La Reina se reembolsa una cantidad procedente del Estado, mientras que los ingresos de la Corona van a parar a este. Se destina eso sí una cantidad a los viajes reales. También existen financiaciones privadas que sí están sujetas a impuestos: los rendimientos del capital mobiliario y los ingresos en especie procedentes de las propiedades privadas.
Pese al secretismo con el que guarda Isabel II sus asuntos se sabe que el castillo de Balmoral con sus tierras en Escocia y la finca de Sandringham en Norfolk forman parte del patrimonio personal de la Reina, además de las joyas, obras de arte y colecciones que se guardan en el Palacio de Buckingham (aunque es difícil separar sus propiedades personales de las que le pertenecen como cabeza de estado).
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