A poco más de dos meses de que Pablo Lylerecibió su sentencia de cinco años de prisión y 8 de libertad probatoria, su defensa enfrenta una nueva dificultad en medio del proceso de apelación que promovieron para reducir la sentencia de su cliente. Esta mañana, la defensa del actor acudió a una audiencia promovida por la compañía estenográfica que se encargó de transcribir el juicio de Pablo para iniciar la apelación. Según se detalló esta tarde en el programa Ventaneando, los abogados del actor se niegan a pagar la cantidad de 15 mil dólares, por este trabajo. En medio de esta nueva controversia, se sabe que el equipo legal de Lyle buscará que sea deportado a nuestro país, luego de que la Corte de Miami emitiera una orden pidiendo la cooperación del Gobierno Federal en este caso, lo que abre la posibilidad de que el histrión pueda regresar a nuestro país.

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Antes de conocer del futuro legal del actor, la Corte convocó a los demandantes y a los abogados de Pablo para llegar a un acuerdo, ya que la transcripción ya fue entregada; sin embargo, el pago por parte de la defensa del mexicano no se ha realizado. A este encuentro con la jueza del caso se presentó uno de los trabajadores de esta transcripción, quien explicó: “Ellos solicitaron una transcripción completa del juicio original y eso es lo que se les entregó. Nosotros los produjimos como se nos fue solicitado, se lo enviamos, lo revisaron, ellos tuvieron toda la oportunidad de hacernos saber que esto era para una apelación, pero no lo hicieron, desafortunadamente, ellos nos están dispuestos a pagar por nuestros servicios, ni por el tiempo que invertimos en esto que es la transcripción de 2 mil 300 páginas, de ahí el costo. La transcripción solicitada tiene un costo de 15 mil dólares”, explicó el encargado de hacer esta transcripción, un documento fundamental para que el caso de Lyle avance.

Luego de que la jueza del caso convocara a una nueva audiencia, que se realizará el próximo viernes 5 de mayo, Ventaneando llamó a la abogada Sandra Hoyos, experta en leyes estadounidenses para ofrecer una aplicación más amplía de esta situación que, según comentó, atrasaría la apelación de Lyle: “Esto es un problema, porque sabemos que a la hora de tomar la apelación, la Corte de Apelación requiere que la transcripción del juicio esté entero, en este caso, fueron varios días, eso se tiene que entregar a la Corte de Apelación, porque si no, cómo sabrá la Corte qué exactamente se dijo, en qué momento, ellos no pueden fallar a favor ni en contra, sin tener el beneficio de ese documento”, puntualizó.

La licenciada Sandra Hoyos reveló que, si Pablo tuviera defensa de oficio, la Corte podría pagar ese montó; sin embargo, no es su caso: “Siempre es una compañía privada quien toma la transcripción, en muchos casos, cuando la persona no tiene abogado privado, en esas ocasiones, las dan gratuitamente, en este caso, esa ha sido la pelea, porque los abogados de Pablo Lyle dicen: ‘¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?’ y la compañía de estenógrafos dice: ‘Lo tienen que pagar ustedes, porque son abogados privados’. La corte debe ver todos esos pormenores el día viernes para decidir, quién paga, cómo paga y cómo van a proceder, porque como les digo, sin ese documento la apelación está completamente parada”, añadió.

La deportación, una opción para Pablo

Sandra también compartió a los conductores de Ventaneando que la Corte Estatal de Miami ya emitió una orden solicitando la cooperación completa al Departamento de Inmigración, lo que le daría un giro al caso de Pablo: “Sabemos que eso ya está en pie, lo que quiere decir que es muy probable que sea deportado a México. Hay una orden válida, firma por el juez en la que se pide cooperación a los Federales, como abogada, te puedo dar mi opinión y lo que va a suceder que él va a ser trasladado a la cárcel de Inmigración, aquí en Miami, donde habrá un juicio y ellos van a determinar si él es deportado o lo mantienen en Estados Unidos, en mi opinión, creo que lo van a deportar”, aseguró. De ser así, el panorama de Pablo podría cambiar: “Si lo deportan, eso ya queda en manos de las autoridades mexicanas, ellos pueden tomar la decisión de cooperar con Estados Unidos y obligarlo a terminar su sentencia en México o simplemente darle libertad”, añadió.